El dragado de canales de navegación es una actividad crucial para mantener la seguridad y operatividad de las rutas marítimas. Para que estos procedimientos se realicen de manera protegida y ambientalmente responsable, existen normativas internacionales que los regulan.
Uno de los principales reglamentos es la Convención de Londres (1972), cuyo objetivo es controlar la contaminación marina causada por el vertido de desechos en el mar. Este tratado establece criterios estrictos para la disposición de los materiales dragados, asegurando que no se utilicen métodos que dañen el ecosistema costero.
Otro marco regulatorio importante es la Convención MARPOL, para prevenir la contaminación en los océanos. Mientras que, la Convención de Basilea juega un papel transcendental, ya que regula el transporte transfronterizo de desechos peligrosos.
La Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la Unión Europea y la Directiva de Hábitats también imponen requisitos específicos sobre cómo se deben gestionar las actividades de dragado, especialmente en áreas protegidas y de relevancia ecológica.
Finalmente, las directrices de la Organización Marítima Internacional (OMI), como la resolución A.671(16), brindan orientación sobre la planificación y ejecución del dragado, enfatizando la necesidad de evaluar los impactos ambientales y de seguir procedimientos que minimicen riesgos para el entorno natural.